Por: Pepe Artigas
Varios países de Latino-América tienen políticas de nacionalización de los productos que consideran básicos, esenciales y vitales, para su sobrevivencia como nación.. Ecuador, Bolivia, Venezuela, etc., lo han hecho a pesar de chocar contra grandes intereses económicos internacionales.
En nuestro país, el 27 de 0ctubre del año 2004 un plebiscito popular en el que ganó el sí por el 64% de los votantes, nacionalizó el agua mediante una modificación de la Constitución Nacional.
¿Y qué es el agua sino in recurso vital para la población?
¿Y por qué en este país la tierra no es considerada un recurso económico básico?
¿Cómo y con qué, se sostiene nuestra economía?
La tierra y los productos que de ella extraen los trabajadores rurales (carne, lana, cueros, cereales y hortalizas, etc.), constituyen lo más importante de nuestra economía “primaria” y luego de elaborados, se transforman en un material valiosísimo, que significa casi todo para satisfacer nuestras necesidades y para la exportación.
Es, sin dudas, un recurso vital para todos.
¿Somos los uruguayos propietarios de la tierra productiva? No todos, sino solamente algunos uruguayos. Esto es así por dos circunstancias: primero porque desde siempre unas quinientas familias uruguayas fueron las dueñas de las mejores tierras, y segundo, porque desde que se propuso la instalación de papeleras y la llamada forestación, hay más de un millón (1.000.000) de hectáreas “forestadas”, en manos de sociedades anónimas y compañías transnacionales (Botnia, Ence, Stora Enso, etc.) y también, abundantes hectáreas de campo de pastoreo de las que -de la mayoría- se desconoce quienes son sus dueños, dado que figuran en manos de sociedades anónimas. Es decir que una parte de la producción básica de nuestro país, fue sustituída por pasteras y papeleras. La propia oligarquía agrícola-ganadera, ha abandonado la actividad agraria clásica, para dedicarse a la forestación muy rentable para los dueños, lo que ha resultado en un cambio negativo en la producción.
¿Quién tomó la decisión -fundamental para nuestra sociedad- de dejar de producir carne, leche y granos, para producir eucaliptos que serán procesados como celulosa y así ser exportados con escaso valor agregado al exterior?
¿El pueblo? No, por falta de democracia directa.
¿Sus “legítimos” representantes en el Poder Legislativo?
Los senadores no, dado que en realidad representan a las clases “acomodadas”, pero tampoco los diputados que, por pertenecer a los partidos de “izquierda”, deberían defender a las clases más necesitadas.
¿El Poder Ejecutivo, con sus ministros de Ganadería y Agricultura y aquél de Economía? Menos que menos, pues están ocupados en agarrarse del sillón que le tocó a cada uno.
¿Quién tomó entonces la decisión de plantar eucaliptos en lugar de granos, o de criar vacas y ovejas?
LOS VERDADEROS PROPIETARIOS DE LA TIERRA.
Los militares “descubrieron” el negocio de la forestación, luego “santificó” el tema el Presidente Sanguinetti en su primer mandato, regulando por la ley Forestal Nº 15.993, qué tipos de campos eran “forestables” y cuáles no. Lo siguió el Pte. Lacalle emitiendo el decreto 330/98, con la ayuda de su prima política la Ing. Agr. Rosario Pou, a la sazón funcionaria del MGAP, actuando en la Dirección Forestal (previo a ser ella misma, la Presidenta de ENCE Uruguay). El segundo período de Sanguinetti y el del Dr. J. Batlle culminaron el proceso de desnaturalización del campo, este último otorgando zonas de “libre Comercio” primero a ENCE y más tarde a Botnia, ambas en Fray Bentos.
Hasta ahora el gobierno del FA no ha modificado nada de lo malhecho
Ambas oligarquías (extranjera y vernácula), resolvieron que era mejor plantar esta enorme cantidad de árboles que ocuparán la mitad del territorio nacional, antes que alimentos para todos. ¿Será que comeremos eucaliptos?
Volviendo al comienzo: ¿no sería inteligente que en la toma de las decisiones que interesan al pueblo, éste participe?
¿No habrá llegado el momento de nacionalizar la tierra como se hizo con el agua?.
Se puede argumentar que la tierra que detentan los propietarios actuales, es heredada o comprada a herederos.
RECORDEMOS EL ORIGEN DE LAS PROPIEDADES RURALES.
Cuando arribaron los españoles, estas tierras estaban habitadas por indígenas de diversas etnias que las usaban para vivir -por nuestros lares- de la caza y de la pesca.
No eran dueños sino usuarios.
Con la fundación de Montevideo, la necesidad de dominar a los indígenas y sus tierras, provocó la creación de estancias que fueron entregadas a los primeros pobladores, dispusieron de ellas (que usaban los indios) como se les dio la real gana, Así, por respectivas “cédulas reales”, los reyes Felipe II y Carlos I, otorgaban a los pobladores de “las Indias”: 1º) un solar en el pueblo que fundaban; 2º) una “suerte de campo” en las afueras de la población (estancia apropiada para pastoreo); y 3º) el título de “hijodalgo” en las Indias, que los hacían merecedores del denominativo “don” en cualquier lugar del imperio. Todas estas prerrogativas eran heredables por línea directa legítima (de padre a hijo varón de matrimonio legal) y dado que las mentadas cédulas no han sido expresamente abolidas, aún siguen vigentes. Esto quiere decir que si su chozno -en línea directa ascendente- fue un poblador, Ud. podría heredar un solar en Montevideo (o sea una manzana), una suerte de campo (cinco mil cuadras, lo que equivale a 3.200 hectáreas) y le deberían decir Don previo a nombrarlo.
Como cuenta la historia, las estancias repartidas en la jurisdicción de Montevideo no eran latifundios, estos se crearon después, por la despoblación de la campaña y la competencia del imperio portugués. A otros pobladores les fueron otorgadas grandes extensiones al norte del Río Negro, donde establecieron “vaquerías” en las que, se cazaba ganado cimarrón para vender los cueros y a veces el tasajo. Los propietarios de estos futuros latifundios resistían, además, el ingreso de los portugueses
Así como eran heredables, esas tierras eran también vendibles. De manera que hoy, aquellas propiedades donadas por la corona española, han pasado a otras manos. Las voluntades correspondientes a esas manos poseedoras de esas tierras, en la actualidad, son las que deciden sobre lo que se debe plantar o criar sobre los campos de nuestro Uruguay.
¿Nuestro?
¿Hasta cuándo deberemos mirar a un campo despoblado de gentes, lleno de árboles inútiles para la población y produciendo pocos alimentos de manera caprichosa?
Llegó el momento de desenterrar el reglamento de tierras que dictó Artigas en 1815.
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