Las esperanzas del pueblo están en todos nosotros, y los estudiantes, los demócratas y la izquierda chilena no pueden desconocer el nuevo escenario en el cual estamos inmersos, menos todavía repetir viejas recetas que con la experiencia histórica ya se han visto fracasadas.
Luego de seis meses de movilizaciones, extenuantes tomas de liceos y universidades e innumerables paros y marchas, cabe realizar un primer balance de lo realizado. Porque más allá del futuro del actual proceso, en estos meses se han develado un sin fin de profundas contradicciones dentro del sistema político y económico chileno, y se pueden realizar las primeras aproximaciones en torno a lo conseguido y lo aún por conseguir.
En efecto, desde que asumió la presidencia el abanderado de la “Coalición por el Cambio”, Sebastián Piñera, las manifestaciones de descontento han ido adquiriendo una creciente fuerza en vastos sectores de la ciudadanía. A esta decepción y cansancio de la gente, se suman todas las promesas incumplidas por el actual mandatario, que más bien parece encarnar una línea de continuidad con las administraciones que tanto reprochaba.
El gobierno se propone entregar la reconstrucción al sector privado, convirtiéndola en un negocio y no en una tarea solidaria y patriótica.
Tras más de veinte años de neoliberalismo sin efectos favorables en la calidad de vida, el ciudadano finalmente ha expresado su malestar. Y nada más claro que el voto. Pero no se trata de un fenómeno reciente. La votación contra la Concertación es resultado de un proceso nacional subterráneo escasamente medido y poco escuchado por los gobernantes.
Chile tendrá un gobierno de derecha que se sumará a la mafia de enemigos del proceso liberador de América Latina. EE.UU. reserva a Piñera un lugar destacado junto a los regímenes de Colombia, Honduras, Panamá y Perú. Un grupo tenebroso que intenta ampliar mediante elecciones o golpes de Estado según la receta hondureña.
...el código moderno de edificación sísmica en Chile, redactado para resistir terremotos, se adoptó en 1972. La fecha es enormemente significativa, dado que se trata de un año antes de que Pinochet tomara al poder mediante un sangriento golpe de Estado respaldado por los Estados Unidos. Eso quiere decir que si hay alguien a quien atribuir el mérito de esa ley no es a Friedman, ni a Pinochet, sino a Salvador Allende
La pregunta que deberíamos hacernos no es la evidente, de si son legalmente reprobables estos actos –que lo son- sino una mucho más difícil: ¿por qué en Chile apenas el orden se retira –cuando el brazo armado de la ley deja de atemorizar- los sectores más pobres se sienten con el legitimo derecho de saquear y tomar aquello que de otro modo –los legales- no alcanzan?
Pero este terremoto de 8,8° pudo quedar para los anales, un recuerdo crudo y perecedero más, sin embargo, la caída de las fachadas y la avanzada del mar dejo una grieta más profunda. La catástrofe logró desnudar a Chile, logró mostrarlo en toda su precariedad, en toda su pobreza. No es un producto del azar que las personas más afectadas provengan de las clases más desprotegidas del país.
como siempre ocurre en estos desastres, el mayor castigo se abatió sobre los sectores más modestos y vulnerables de la población; sea por el material ligero de sus viviendas; por la ubicación de las mismas, en zonas periféricas, mayormente expuestas a las calamidades naturales, o por carencia de recursos para soportarlas una vez que se presentan. Más aún en este caso, cuando la tragedia llegó a fin de mes, con los hogares precariamente abastecidos y sin haber recibido ingresos salariales.
