El gobierno boliviano arrancó las discusiones proponiendo cuatro grandes ideas: que se debería otorgar derechos a la naturaleza, que protejan de la aniquilación a los ecosistemas (una declaración universal de los derechos de la madre tierra); que aquellos que violen esos derechos y otros acuerdos ambientales internacionales deberían enfrentar consecuencias legales (un tribunal de justicia climática); que los países pobres deberían recibir varios tipos de compensación por una crisis que ellos enfrentan pero tuvieron poco que ver en crear (deuda climática), y que debería haber un mecanismo para que la gente en el mundo exprese sus puntos de vista sobre estos temas (un referéndum mundial de los pueblos sobre cambio climático).
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