Honduras: un golpe contra la historia

Análisis a un mes del zarpazo

Luis Alfonso Mena


La dictadura instaurada en Honduras es el laboratorio en el que la oligarquía hemisférica busca aplicar fórmulas maquinadas luego de diez años de derrotas frente a líderes de izquierda en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Es el ensayo de las élites que pretenden desvirtuar el cambio de época en que se halla la historia de América Latina. Las cúpulas maquillan el golpe con su prensa, pero no contaban con la resistencia de Zelaya y del pueblo.
Por Luis Alfonso Mena S. (*)
El golpe de estado perpetrado el domingo 28 de junio en Honduras ha transcurrido ante los ojos de los colombianos de manera tangencial, como si el hecho no importara a los nativos de esta tierra que une el sur con el centro de América.
Así ocurre con muchos asuntos importantes en nuestro país. Unos colombianos prefieren permanecer en una burbuja que los aísla del mundo y les hace creer que fuera de su entorno no sucede nada que les incumba. Otros aceptan las interpretaciones venenosas inoculadas por los medios masivos tradicionales de comunicación, locales o mundiales, que les evita esforzarse por encontrar otras ópticas de lo que pasa en el vecindario.
Sobre el tema de Honduras en Colombia impera el discurso perverso que procura justificar el uso de la arbitrariedad militar contra el gobierno constitucional de José Manuel Zelaya y defender la instauración de la dictadura de Roberto Micheletti, bajo la mentira de que el golpe es consecuencia de la “injerencia” del presidente Hugo Chávez en el país centroamericano.
Es la misma lógica que se argumenta a diario en Colombia cuando de justificar las masacres paramilitares y los homicidios de Estado se trata: la ardid del “mal menor” contra el “mal mayor”. Crimen es crimen, venga de donde venga. Consecuencialmente, golpe es golpe, y debe ser repudiado por atentar contra los procesos democráticos y por buscar el retorno a épocas aparentemente ya superadas de dictaduras militares por doquier.
En Honduras está actuando una oligarquía que busca en forma desesperada frenar las reformas promovidas en favor del pueblo por Zelaya. Y esa reacción es la misma que aspira a materializar la oligarquía de todo el continente americano para dar al traste con las transformaciones estructurales producidas por gobiernos comprometidos con los de abajo.
Los sucesos de Honduras hacen parte de un ensayo que, de resultar exitoso, las élites procurarán expandir a los demás países donde democracias populares, gobiernos progresistas o mandatos de izquierda impulsan nuevos procesos políticos y sociales.
El golpe es un intento por interrumpir los cambios históricos que se vienen precipitando en todo el continente. Es el laboratorio en el que la oligarquía hemisférica procura aplicar las fórmulas aprendidas luego de diez años de derrotas frente a nuevos líderes en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros.
También es un ensayo para tratar de destruir esfuerzos de integración por fuera de los intereses estadounidenses, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Alba. Y como la cuerda se rompe por la parte más débil, Honduras fue el país escogido.
Pero, como lo demostraremos en este análisis, los factores de poder no contaban con los enormes cambios producidos en el entorno continental, que contestaron de inmediato, ni con la resistencia del pueblo de Honduras y del Presidente legítimo para contener la ofensiva del neofascismo, ni con el seguimiento minuto a minuto que medios alternativos e independientes hicieron del zarpazo para romper la manipulación y el silencio de los medios masivos de los monopolios internacionales.
En el golpe no actuaron solos los militares. El presidente Zelaya ha denunciado que hubo un complot en el que confluyeron por lo menos diez de los más acaudalados empresarios del país. Es claro que el golpe no podía tener éxito sin el concurso, también, de diversos sectores del Gobierno, el Congreso, los partidos y empresarios estadounidenses.
El doble juego de EE.UU.
Lo anterior es paradójico y hasta cierto punto contradictorio, pues el apoyo que los usurpadores han recibido de las cúpulas económicas y políticas más conservadoras de la región, empezando por las de los Estados Unidos, marcha en contravía del rechazo que el golpe tuvo, de manera unánime e inmediata, de los gobiernos de todo el mundo, un hecho pocas veces visto en la historia contemporánea.
A la reacción oportuna de los gobiernos de los países del Alba (a la que pertenece Honduras, además de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas y Venezuela) se sumó la respuesta de las naciones del Sistema de Integración Centroamericana (al que también pertenece Honduras, más Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá).
Poco después reaccionaron los países Grupo de Río, los de la Organización de Estados Americanos (que agrupa a 34 naciones del continente), los del Movimiento de Países No Alineados (compuesto por 118 plenos: 53 de África, 36 de Asia, 26 de América, 2 de Oceanía y 1 de Europa) y los de la Organización de la Naciones Unidas (de manera unánime sus 192 estados miembros condenaron el golpe).
Los países que hacen parte del Mercado Común del Sur, Mercosur, reunidos hace poco en Asunción, Paraguay, también condenaron la felonía. Y lo propio hicieron los gobiernos congregados en la XI Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, realizada en Costa Rica el 29 de julio.
¿Qué puede explicar la contradicción entre el rechazo mundial y la persistencia del golpe, que el 28 de julio cumplió un mes? Como lo dijera en forma contundente Álvaro García Linera, vicepresidente de la República de Bolivia: “Este golpe es fundamentalmente un globo de ensayo de los sectores más conservadores, más reaccionarios del continente para probar una salida a la defensa de sus privilegios, de sus intereses, al margen de la democracia”.
Según García Linera: “Durante la última década el pueblo latinoamericano ha retomado el control de sus derechos a través de la democracia y hoy la democracia se presenta como un estorbo para los sectores ultraconservadores que han utilizado al país más débil en su estructura social de movilización para poner a prueba la fortaleza de la unidad latinoamericana” /1/.
Los militares liderados por Romeo Vásquez Velásquez, un oscuro general formado en el enclave que Estados Unidos tiene en el propio suelo hondureño, la base de Soto Cano, en Palmerola, no son más que mensajeros de una oligarquía que, como la de este empobrecido país, lo controla todo: latifundios y fábricas, universidades y comercios, medios de comunicación y poderes públicos, pero que perdió el gobierno a manos de Zelaya, un dirigente del Partido Liberal al cual no pudo controlar y al que, por lo mismo, pretende callar recurriendo a la vieja historia: la de los golpes militares y las dictaduras.
Y es precisamente la política estadounidense, presente de manera determinante en la historia de Honduras (no hay que olvidar que este país fue la base de operaciones, en la década de los 80, de la guerra desatada por el gobierno de Ronald Reagan contra la revolución sandinista), otro de los factores clave a la hora de explicar la persistencia de la dictadura, a pesar de la condena mundial arriba reseñada en términos cuantitativamente tan demoledores.
El rechazo del gobierno de Barak Obama al golpe no ha pasado de las palabras. El mandatario rápidamente dejó la búsqueda de soluciones en manos de la secretaria de Estado, Hilary Clinton, quien desenfundó el artilugio de la mediación de uno de sus grandes aliados en la zona, Óscar Arias, para dar tiempo a los golpistas con el fin de que consolidaran su asalto.
Silvia Ayala, diputada del partido Unidad Democrática, integrante del Frente Contra el Golpe de Estado creado en Honduras por grupos políticos y movimientos sociales, sostuvo en la noche del 27 de julio que sectores estadounidenses participaron en el golpe y obran con doble moral.
La analista venezolano-estadounidense Eva Golinger denunció, por su parte, los nexos entre el lobbista Lanny Davis, contratado por los golpistas hondureños para mover contactos en el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos, y la familia Clinton. Según la analista, Lanny es nada menos que abogado del ex presidente Bill Clinton y de su esposa.
Uno de los "logros" de Lanny, dice Golinger, fue un reciente artículo publicado en el periódico Wall Street Journal con la firma de Roberto Micheletti, en el que el dictador trata de justificar de nuevo el golpe y lanza afiebradas injurias contra Zelaya. La jurista recuerda que el propietario de este y otros periódicos y canales de televisión en Estados Unidos y Gran Bretaña, Rupert Murdoch, ha sido uno de los primeros defensores de los usurpadores desde el 28 de junio. La madeja poco a poco se va desenredando…
La oligarquía no perdona
En Honduras la oligarquía (que tiene las mismas características de la del resto del continente: voraz en lo económico, excluyente en lo social, hegemónica en lo político, discriminatoria en lo judicial y represiva en lo militar) no le perdona a Zelaya que una vez en el gobierno, después de ser elegido democráticamente en 2005, hubiera asumido decisiones independientes frente a las clases dominantes y tomado la determinación de iniciar el camino de reformas para hacer frente a las terribles desigualdades sociales que siguen imperando allí.
Una de las medidas que más le dolió a los grupos de poder hondureños fue el aumento de salarios decretado por Zelaya para sus compatriotas, medida que le ocasionó una numerosa cantidad de demandas del empresariado avaro, para el que la propuesta liberal de la “redistribución del ingreso” constituye todo un delito.
Tampoco le perdonan que, en desarrollo de una política autónoma, Honduras hubiera ingresado al Alba, un mecanismo de integración política y económica creado por los gobiernos de Cuba y Venezuela para la cooperación en pie de igualdad. Fruto de esa integración, Venezuela entregaba a bajo precio combustibles a los hondureños y se desarrollaban programas de asistencia médica que favorecían a conglomerados grandes de la población.
Otro hecho que hizo hervir la sangre de las viejas clases de Honduras fue la cumbre de la OEA celebrada hace apenas dos meses (2 y 3 de junio) en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, en la que el gobierno de Zelaya, a través de su canciller Patricia Rodas, lideró la histórica sesión en la que fue revocada la expulsión de Cuba, una sanción oprobiosa que había sido impuesta a la isla en 1962 por la mayoría de los países del continente que seguían de manera abyecta las órdenes del gobierno estadounidense.
Pero la gota que rebosó la copa de la oligarquía hondureña fue la decisión de Zelaya de querer producir transformaciones. Porque los gobiernos verdaderamente comprometidos con sus pueblos están para eso, para producir transformaciones que conduzcan a cambios estructurales. Y éstos se logran, entre otros mecanismos, con nuevas constituciones. Zelaya quería despejar ese camino, lleno de obstáculos.
¿Cómo empezaba a hacerlo? Con una consulta, que se iba a realizar el día en que se produjo el golpe, acerca de si, en las elecciones presidenciales programadas para el 29 de noviembre de 2009, el pueblo creía conveniente ubicar una urna adicional en la que expresara si estaba de acuerdo o no con convocar una asamblea nacional que reformara la Constitución.
Ese fue el “delito” de Zelaya: querer consultar, mediante un sondeo (ni siquiera un referendo y mucho menos un plebiscito) a su pueblo. La clase dirigente hondureña, profundamente temerosa de que, como ha ocurrido en otros países del continente, una nueva carta institucionalizara reformas políticas, económicas, sociales y culturales de fondo a favor de la mayoría de un pueblo, inventó un arsenal de artimañas seudojurídicas para oponerse. Como el presidente constitucional resistió ese embate, usó esas mismas artimañas para perpetrar el golpe de estado.
La aplicación de métodos y actos de terror es uno de los trajes del miedo a los cambios sociales y al empoderamiento popular. Ese fue el camino que usaron, aupados por la oligarquía que en Honduras controlaba todos los poderes públicos, menos el Ejecutivo, los militares el 28 de junio.
Ese día la élite hondureña se olvidó de su prédica seudojurídica y, enfundada en el pánico ante la posibilidad de que Zelaya sacara adelante su consulta popular, sumida en el miedo al pronunciamiento de un amplio sector de la población, echó al tarro de la basura la farsa leguleya que acusaba al Presidente de violar la Constitución, no dejó que el amanecer de aquel domingo despuntara y mandó sus hordas encapuchadas a secuestrar al Jefe del Estado. (A propósito: ¿por qué en Honduras militares y policías actúan encapuchados en la contención y represión de manifestaciones públicas?, ¿a qué y a quiénes le temen?).
Ingresaron a su casa con el cobijo aún de la oscuridad, abrieron a balazos el portón trasero de la vivienda y sacaron, apuntándole con los cañones de sus armas, al Presidente. Ni siquiera le permitieron que se vistiera. Se lo llevaron en ropa de dormir. Así lo treparon en un avión, volaron sobre Nicaragua y Costa Rica sin pedir permiso, violando la soberanía aérea de estos países vecinos, y fueron a tirar a Zelaya al aeropuerto de San José. Una vez cumplido el acto de piratería, regresaron como si nada. ¿Esa era la legalidad pregonada por la oligarquía hondureña a través de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso?
En este punto es necesaria otra pregunta: ¿por qué Óscar Arias, el flamante premio Nobel de la Paz presidente de Costa Rica, nunca protestó por el acto de arbitrariedad cometido por las Fuerzas Armadas de Honduras sobre su país y, en cambio, sí recibió a los golpistas casi que con honores para la controvertida mesa de “diálogo” entre ellos y el mandatario legítimo hondureño?
Arias, viejo zorro de la derecha continental, enemigo de los sandinistas, impulsor como ninguno del TLC con EE.UU. y fiel intérprete de las maniobras de Hilary Clinton para tender puentes con el grupo de Micheletti, no brinda ninguna confianza a los pueblos centroamericanos. Arias es considerado por analistas y líderes sociales de la región como un hombre del imperio. Y así quedó demostrado con su fracasada “mediación”, que sólo sirvió para que los usurpadores ganaran tiempo a lo largo de tres semanas de dilaciones, artimañas y cinismo.
Así, pues, el debido proceso, propio de un estado de derecho, fue arrastrado por el piso y tirado en un lodazal. Siempre tratando de embadurnar de “legalidad” la arbitrariedad, en la tarde del domingo 28 de junio los golpistas montaron una escena de opereta, convocaron a la mayoría que el empresariado tiene en el Congreso (no sin antes cuidarse de intimidar a los legisladores leales a Zelaya, quienes debieron entrar en clandestinidad), y cumplieron el segundo acto de la comedia: “destituir”, sin ninguna autoridad para ello, porque la Carta Política no los faculta, al mandatario legítimo.
¿Qué hicieron entonces? Siguieron el guión que el 11 de abril de 2002 otra oligarquía, la venezolana, quiso aplicarle al presidente Hugo Chávez: sacaron del cubilete de los artilugios una carta de renuncia apócrifa, con la firma de Zelaya falsificada de manera burda. Igual a lo que hizo la extrema derecha de Venezuela cuando se inventó una renuncia del presidente Chávez, que nunca existió, para poder “reemplazarlo”.
¡La cúpula que tildaba al Presidente de ser un “delincuente” porque se atrevió a pedir la opinión del pueblo sobre una nueva carta política incurrió en otro delito, además del de secuestro del mandatario: en falsedad en documento. En Venezuela la trampa no funcionó. En Honduras las élites y los medios que la apoyan en el continente se esfuerzan por dar vida a ese acto ilegal y hablan de “sucesión en el poder”, de “presidente interino”, de “mandatario provisional” y de otros eufemismos propios del maquillaje mediático.
Micheletti es el Pedro Carmona Estanga hondureño. La gran diferencia es que el dictador venezolano (Carmona) no alcanzó a disfrutar del mando ni 48 horas cuando el golpe de 2002. El dictador en Honduras ya pasó de los 30 días y en una actitud impúdica y fantoche se define como “presidente constitucional”, con la complicidad de quienes deberían ser los guardianes de la juridicidad: la Corte Suprema y el Congreso.
Como se ve, son varias y muy claras las coincidencias de los libretos golpistas de Venezuela 2002 y Honduras 2009. Se nota la presencia en el país centroamericano de recalcitrantes y seguramente nada baratos asesores de la ultraderecha venezolana, que no pudieron con el presidente Chávez, pero creen hacerle daño prestando sus nefandos “servicios” para atacar al presidente legítimo de un país aliado como lo es Zelaya.
El papel de la prensa colombiana
Aún hoy, a pesar de todas las evidencias en el sentido de que lo ocurrido fue un golpe de estado, una acción violenta, el periódico El Tiempo de Colombia lo califica como una “destitución” del presidente. Uno de los propietarios del medio, Enrique Santos Calderón, habla de “golpe light” para bajarle el tono a la magnitud del hecho y, con argumentos de la más rancia estirpe conservadora (olvidadas ya las aventuras de los años 70, cuando Santos fundara, al lado de Gabriel García Márquez, la revista de izquierda Alternativa) trata de justificar semejante acto contra la democracia.
Apoyándose en opiniones de Joaquín Villalobos, un ex jefe guerrillero salvadoreño siempre presto a servir a los argumentos de la derecha cuando de desacreditar a los gobiernos de izquierda del continente se trata, Santos escribe: “… no se puede minimizar la responsabilidad de Chávez en lo ocurrido en Honduras, una sociedad conservadora, de cultura política primaria y tradición golpista, donde la influencia de los petrodólares ideológicos de Venezuela y la agobiante agitación del modelo bolivariano de reforma constitucional, reelección y socialismo del siglo XXI lograron, según Villalobos, ‘polarizar a un sistema de partidos de más de un siglo de existencia, dividiendo como nunca a los hondureños’” /2/.
Ahora resulta que el responsable del golpe, según uno de los dueños del principal periódico de la oligarquía colombiana, es el presidente Chávez. El odio al liderazgo continental y mundial del Jefe del Estado venezolano no tiene límites en los portavoces de la derecha. Y está clara la causa de esa aversión: Chávez se ha levantado sin ambages contra los poderosos de todo el continente porque entiende que los burgueses y terratenientes que han detentado el mando durante siglos en los países de América tienen las mismas características: su ambición desmedida de riquezas y poder a costa de las mayorías explotadas. Y, siguiendo a Bolívar, Chávez sostiene que Latinoamérica es una sola patria, con enemigos y esperanzas comunes.
El planteamiento del binomio Santos-Villalobos comporta, sin embargo, no sólo ataques al presidente Chávez. Considera también, ni más ni menos, que como las sociedades son conservadoras y de tradición golpista no pueden ser cambiadas, hay que someterse, rendir reverencia a la amenaza del zarpazo militar-empresarial: es la justificación del statu quo, el culto al marasmo social, al establecimiento económico y a la petrificación política. Si los líderes progresistas del continente se atuvieran a esa idea, nada cambiaría. Precisamente porque no se puede perpetuar la injusticia las constituciones que sustentan esa iniquidad deben ser modificadas. Lo cual no es ningún delito sino, por el contrario, una necesidad y un derecho de los pueblos.
Pero, además, la tesis comentada trae consigo otro absurdo: que si se busca el cambio por la vía democrática, con el poder de las urnas, entonces ello hace parte de la “agitación del modelo bolivariano”. ¡No faltaba más! ¿De cuándo acá hay que pedirles permiso a las élites para impulsar, mediante procedimientos legales, el cambio de constituciones arcaicas?
Las constituciones y las leyes obedecen, en términos globales, a intereses de clase y, en consecuencia, la burguesía y los latifundistas son quienes las han impuesto en la mayoría de los países del continente desconociendo a sus pueblos. Éstos no pueden renunciar a su derecho de reformarlas o cambiarlas. Ahí radica la soberanía popular. Eso es lo que han estado haciendo los pueblos de Venezuela, Bolivia, Ecuador con el respaldo de sus gobiernos. Y es a eso a lo que temen las cúpulas, acostumbradas a imponer mediante normas jurídicas sus intereses fundamentales. Pueblos guiados por líderes de avanzada se cansaron de obedecer a las oligarquías y quieren emprender su rumbo propio.
En relación con la violación flagrante a la libertad de prensa practicada por los militares, empresarios y politicastros golpistas en Honduras, Santos Calderón, primo del actual vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, hermano del ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos (posible candidato presidencial de Álvaro Uribe) y presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, guarda silencio. Ni pensar en una condena al vergonzoso comportamiento de los periódicos de mayor circulación en Honduras (El Heraldo, La Tribuna, La Prensa), los cuales, como las principales cadenas de radio y de televisión, se plegaron a los golpistas, manipulan a favor de los usurpadores e invisibilizan la masiva respuesta popular contra la dictadura.
La revista Semana, la de mayor circulación en el país, otro medio de las clases gobernantes en Colombia, ligada a la familia López (Alfonso López Pumarejo y Alfonso López Michelsen fueron presidentes de la República por el Partido Liberal), ha asumido frente al golpe en Honduras una actitud parecida a la de El Tiempo. Dos líneas conductoras tiene esa posición: primera, tratar de negar que allí hubo un golpe de Estado. Segundo: ridiculizar a Zelaya, mostrarlo como un títere del presidente Chávez.
En un primer artículo, publicado pocos días después de ocurrido el golpe y titulado sintomáticamente ‘El malabarista’, se lamenta de la forma como se produjeron los hechos que condujeron al derrocamiento de Zelaya, mas no del hecho mismo. El sumario del artículo desnuda el dolor de Semana: “Por la torpeza de los militares que lo sacaron del país, Manuel Zelaya, acusado por las instituciones hondureñas de golpista, pasó a ser símbolo de la democracia en América Latina” /3/.
¡Qué tal! ¡Para Semana el golpista es Zelaya porque quiso consultar a su pueblo sobre la posibilidad de convocar una constituyente! A la revista no le preocupa el atentado contra la democracia en Honduras, sino la forma como se hizo. No le importa el resultado de la acción violenta sino “la torpeza” como fue efectuada. Y cita en el artículo mencionado, como hizo Santos Calderón en El Tiempo, al señor Villalobos, quien en el diario El País de Madrid escribiera: “Hay que rechazar el golpe, pero la comunidad internacional debe tener en cuenta que las políticas autoritarias en Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela se han convertido en una seria provocación para las fuerzas conservadoras y centristas de la región”. /4/
Otra vez el odio contra los cambios en los países latinoamericanos. De nuevo la recomendación del inmovilismo de las comunidades porque si luchan contra las desigualdades y las exclusiones incurren en una “provocación” a las fuerzas de derecha de la región. Es decir, para no molestar a los conservadores (léase a los grupos más recalcitrantes de la oligarquía centroamericana) hay que permanecer en la quietud: no luchar para no “molestar” a los poderosos.
A lo largo de un mes del golpe, la dictadura empresarial-militar ha impuesto un cerco a los partidarios del presidente Zelaya, reprime sus manifestaciones, no las deja avanzar, acosa o cierra los medios de comunicación que difunden las proclamas del Jefe del Estado legítimo (como ha ocurrido con el Canal 36 de televisión, también conocido como Cholusat Sur, y con Radio Globo), llena de policías y militares encapuchados y armados hasta los dientes las calles y carreteras por donde se movilizan los hondureños que repudian el golpe.
En una actitud ventajista, en cambio, brinda todas las facilidades a los golpistas para que realicen manifestaciones, muy bien financiadas y llenas de carteles contra países hermanos como Venezuela, Cuba y Nicaragua, y de apoyo a la dictadura. Muchos de los carteles están escritos en inglés y son acompañados de banderas de EE.UU. (¿añoranzas de otros países y de otras épocas?)
De esto poco, muy poco se habla en los medios masivos de comunicación colombianos, manejados en su gran mayoría por otra oligarquía voraz, la uribista, que intenta imponer en todo el territorio nacional el pensamiento único. Para sus propietarios y directivos, pero también para muchos de sus editores y periodistas, el golpe no es golpe sino una “crisis”, una “expulsión”, y el gobierno instaurado no es una dictadura sino un mandato “provisional”, de “transición”, una “sucesión”.
En fin, para la mayor parte de la prensa colombiana no existe la represión a la que es sometido el pueblo hondureño, ni existió el asesinato del joven Obed Murillo, de 19 años de edad, contra quien efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras dispararon el domingo 5 de julio cuando el pueblo esperaba la llegada de Zelaya a Tegucigalpa y los golpistas, otra vez enfundados en el miedo a la figura del Presidente, impidieron su aterrizaje en el aeropuerto de Toncontín.
Casi nada informan sobre la militarización de las carreteras que conducen a El Paraíso, la zona limítrofe con Nicaragua a donde llegó Zelaya el 23 de julio y en donde decenas de retenes militares y policiales impidieron su paso a Honduras. En la vía, miles de sus simpatizantes movilizados en caravanas de automotores fueron reprimidos e, incluso, según denunciaron organismos de derechos humanos, un joven seguidor del mandatario apareció muerto con rastros de torturas luego de haber sido detenido por agentes de seguridad en la zona.
Y ni qué decir de la violenta represión ocurrida el jueves 30 de julio en Tegucigalpa contra una manifestación pacífica en la que un profesor murió por disparos de la Policía de Micheletti, decenas de estudiantes y trabajadores fueron detenidos y un candidato presidencial independiente no sólo fue golpeado brutalmente sino encarcelado. Hasta el momento, pues, cuatro vidas humanas ha costado el golpe y por ello el Presidente legítimo pedirá la intervención del Tribunal Penal Internacional.
Ha contrastado el papel de los medios masivos de comunicación colombianos y de otros países del continente, sumisos a la interpretación que la oligarquía ha hecho del golpe (y sometiendo a la invisibilización la resistencia del pueblo hondureño), con el rol jugado por el canal multiestatal Telesur, que no se dejó silenciar cuando la dictadura arremetió contra sus periodistas y ha mantenido la información con enviados especiales y analistas de manera ininterrumpida durante todos los días transcurridos desde que ocurrió el zarpazo.
Telesur se ha convertido en un dolor de cabeza para los golpistas, pues a través de este canal (fundado en 2005 con el apoyo de Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela), se ha podido escuchar la voz de la resistencia a la dictadura. La oligarquía hondureña no contaba con la existencia de este medio independiente, constituido en alternativa frente a la dictadura de los medios golpistas dentro y fuera de Honduras. CNN en español y demás canales internacionales han cumplido un papel lamentable de entrega, una vez más, a la desinformación y de justificación de la dictadura.
Cuatro pilares contra el golpismo
Si como argumentaba la Corte Suprema hondureña, aliada de los usurpadores, Zelaya tenía múltiples órdenes de captura por la comisión de “numerosos delitos”, ¿por qué la dictadura no lo ha dejado ingresar a su país en vez de impedirlo con la colocación de carros militares en la pista de aterrizaje del aeropuerto al que iba a llegar el 5 de julio, o con miles de soldados en las carreteras que conducen a los límites con Nicaragua, por donde iba a entrar a Honduras el pasado 23 de julio?
Como casi siempre ha ocurrido, la alta jerarquía de la iglesia católica se ha puesto del lado de la oligarquía. Honduras no fue la excepción. Por eso Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, en reciente columna le formuló agudas preguntas al cardenal de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez, luego de que éste se pronunciara a favor de los golpistas. Esas preguntas resumen la médula de lo que ocurre en Honduras: el miedo de la oligarquía a un pueblo que despertó, que ya no se deja gobernar de cualquier forma: “¿A que le tienes miedo, hermano Rodríguez? ¿A tus propios miedos? ¿A la consulta popular para que el pueblo decida el camino a seguir? ¿Tienes miedo a los pobres, que participen y quieran adherir al Alba y no someterse al TLC que es mayor dependencia de los EE.UU. y que esa decisión afecte los intereses económicos de aquellos que siempre oprimieron al pueblo hondureño?” /5/.
Los masivos desplazamientos por entre montañas y ríos, eludiendo retenes militares, hasta llegar a la zona limítrofe donde Zelaya se mantiene con la solidaridad del Gobierno nicaragüense, demuestran no sólo la popularidad del mandatario sino otro hecho que seguramente no previeron los usurpadores: el despertar del movimiento popular hondureño. Uno de los resultados del golpe será la toma de conciencia de conglomerados que antes permanecían pasivos y se dieron cuenta de cómo una dictadura barre las libertades más elementales, como la de locomoción y protesta.
La unidad de las fuerzas democráticas y de izquierda que en este país históricamente no han tenido el desarrollo de otras naciones está en marcha y mantiene en firme no sólo el reclamo del regreso de Zelaya al gobierno, sino su derecho a convocar una asamblea constituyente para cambiar la carta política que tanto ha blandido la oligarquía golpista y a cuya reforma sustancial tanto le teme. El jueves 30, un nuevo episodio del largo drama reciente del pueblo hondureño se abría: un encuentro entre Zelaya y el embajador de Estados Unidos en Honduras. ¿Qué repercusiones tendrá la reunión?
La resistencia del pueblo hondureño, que despierta y se organiza, y la posición firme y combativa del presidente Zelaya requieren de mayor solidaridad de los demócratas del continente. Después del golpe Honduras no volverá a ser la misma.
Los gobiernos progresistas y los pueblos de toda América deben estar alertas. Para garantizar la defensa de sus logros son necesarias, como lo plantea García Linero, el vicepresidente boliviano, cuatro pilares contra el golpismo: 1. estructuras sociales movilizadas, 2. amplias mayorías en los órganos legislativos, 3. una nueva doctrina de fuerzas armadas en democracia que garanticen lealtad al pueblo y 4. Respaldo internacional sólido.
Lo anterior se traduce en la importancia de los pueblos organizados y en las calles exigiendo sus derechos y tomando decisiones. Son ellos los que, en últimas, definen su propio futuro y el de sus países.
En cuanto a Colombia, el enfoque unilateral que predomina, impuesto por la derecha, no permite ver a muchos el proceso histórico que vive Latinoamérica. Por el contrario, el país se sitúa cada vez más en la órbita estadounidense: Álvaro Uribe entrega la soberanía del país permitiendo cinco bases militares gringas, así le cueste el rechazo de los países vecinos y de otros que, como Chile y Brasil, no tragan entero. Aquí, la historia parece estancarse.
(*) Periodista colombiano, abogado, candidato a magister en historia de la Universidad del Valle, docente de la Universidad Santiago de Cali, director del periódico Paréntesis.
Notas
/1/ Entrevista con Patricia Villegas efectuada el 8 de julio de 2009 en el programa En Vivo desde el Sur, que se transmite por el Canal Telesur.
/2/ Ver Golpe ‘light’, pero Golpe, en El Tiempo, edición No. 34.554, domingo 5 de julio de 2009, p. 1-19.
/3/ Ver El Malabarista, en Semana, edición No. 1.418, del 6 al 13 de julio de 2009, pp. 60-61.
/4/ Ibídem.
/5/ Ver http://www.cubadebate.cu/opinion/2009/07/23/a-la-iglesia-de-honduras-y-al-cardenal-oscar-andres-rodriguez/