Leticia Salomón
A. SE INTENSIFICA LA POLARIZACIÓN
El golpe de Estado producido en la madrugada del Domingo 28 de junio, ha ido evolucionando e incorporando nuevos elementos del contexto nacional e internacional. Los bandos confrontados afinan sus estrategias, reafirman sus posiciones, trabajan por su imagen y evalúan constantemente su situación. Ambos saben que el tiempo es importante, que los plazos se vencen y que la situación debe resolverse en un tiempo muy corto. En lo interno ambos bandos miden sus fuerzas (empresarios, iglesias y medios, moviendo a sus empleados y feligreses, y los otros sumando nuevas fuerzas sociales: maestros, mujeres, indígenas, y ONGs locales y regionales), mientras en el plano internacional el balance se inclina totalmente hacia uno de ellos, en este caso hacia el presidente constitucional de la república. Estos días en que transcurre el plazo de la OEA, el bando del presidente constitucional reactiva juicios, gira órdenes de captura que no había ejecutado antes contra ex funcionarios y saca órdenes de captura con fechas anticipadas para sustentar las acusaciones contra el presidente.
Mientras el bando que apoya al presidente de facto intensifica las medidas de fuerza para controlar las acciones de resistencia, prorrogando el toque de queda, suspendiendo garantías individuales por 72 horas y conteniendo a los manifestantes que tratan de llegar a la capital, el bando del presidente constitucional capitaliza el rechazo ciudadano a la represión, aumenta sus apoyos internos con personas y organizaciones que le han cuestionado en su desempeño gubernamental o en su insistencia con la cuarta urna, y redefine su estrategia movilizadora, orientándola hacia las cabeceras de los departamentos del país, obligando a los manifestantes a romper los cercos militares/policiales, cruzando montes caminando, debido a los fuentes controles carreteros.
Mientras el bando del primero protege a los manifestantes que apoyan al presidente de facto con acciones de limpieza de calles y resguardo directo realizadas por militares y policías, también reprime a los manifestantes que lo cuestionan, cierran el paso en las carreteras, disparan a las llantas a los vehículos que no se detienen y bajan de los autobuses urbanos e interurbanos a las personas que circulan por áreas de alto tráfico vehicular, para evitar que se concentren en manifestaciones de apoyo al presidente constitucional.
El bando del presidente de facto intensifica las denuncias de corrupción, injerencia chavista, violación a la constitución, narcotráfico, anarquía, desequilibrio mental del presidente y complicidad de sus allegados, esperando mantener el rechazo al retorno del presidente constitucional con más fuerza que las exigencias de la OEA y de los países e instituciones que lo han exigido.
El bando del presidente constitucional intenta abrir una brecha en el sistema judicial que se mantiene cerrado en torno al Presidente de facto, presentando una acción legal ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que, como medida cautelar, se ordene la repatriación inmediata del Presidente José Manuel Zelaya Rosales. Mientras el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se mantiene firme en su adhesión al Presidente de facto (ha mantenido silencio personal e institucional ante la violación de las garantías constitucionales vinculadas al toque de queda y la represión de manifestantes), los organismos de derechos humanos civiles, CODEH y COFADEH, muestran un apoyo creciente al presidente constitucional.
La estrategia del presidente de facto hacia el exterior no termina de definirse y no sólo no avanza sino que enfrenta numerosas complicaciones. Una de ellas está relacionada con el propio presidente de facto que no termina de darle coherencia a su discurso y legitimidad a su involucramiento en el golpe de Estado, cayendo en numerosas contradicciones ante la prensa internacional. Otra de ellas se relaciona con el Canciller de facto que mira el mundo como una aldea y conserva una visión inadecuada de las relaciones internacionales; finalmente, el fracaso del llamado a embajadores clave para que se presenten en Tegucigalpa a recibir instrucciones o destituirlos según el caso, pues hasta ahora únicamente ha recibido el respaldo incondicional del embajador de Honduras en Washington que afirma con gran certeza, sin haber estado en el país, que aquí no ha habido golpe de Estado y tampoco rompimiento del orden constitucional, apoyando con ello la posición del presidente de facto. Menos expuesto a la opinión pública, pero en el mismo plano, se encuentra el embajador de Honduras en Bruselas, quien es hijo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
B. EL CONTEXTO NACIONAL
1. Alteración del orden constitucional
El bando del presidente de facto se ve en apuros para sostener que lo que pasó en Honduras el domingo 28 fue una simple y normal sustitución. No puede explicar porqué presentaron una supuesta renuncia del presidente constitucional con fecha del 25 y la aceptaron hasta el 28, y mucho menos porqué una orden de captura emitida por un magistrado de la corte, la dirigió por escrito al Jefe del Estado Mayor Conjunto el 26, cuando éste es un asunto exclusivamente policial, o explicar también porqué no canalizó esa orden al Secretario de Defensa por ley. Mucho menos puede explicar porqué el Jefe del Estado Mayor Conjunto, en decisión colegiada de la Junta de Comandantes, ejecutó la orden de arrestar a un supuesto delincuente, quien además era su superior jerárquico y, en lugar de entregarlo a los tribunales para que fuera juzgado, irrumpió en su casa, lo condujo contra su voluntad hacia la Fuerza Aérea y lo mandó a dejar a otro país. Lo interesante del caso es que cuando los periodistas extranjeros lo abordaron sobre algunas de estas inquietudes el presidente de facto dijo que no sabía nada al respecto y los remitió a los que ordenaron y ejecutaron el hecho, en abierta alusión al magistrado que firmó y al militar que ejecutó u ordenó hacerlo, que fue el Jefe del Estado Mayor Conjunto.
Por más esfuerzos que hace el bando del presidente de facto por estructurar una explicación mínimamente aceptable, asesorado por abogados, políticos de tradición golpista y militares activos y retirados, con una gran experiencia en estas actividades, no pueden explicar porqué se impidió que un presidente electo por mayoría de votos en las elecciones de 2005 terminara su período gubernamental, si no existe en el país la figura del mandato revocatorio y tampoco esa facultad en el Congreso Nacional, y menos que se le haya seguido un juicio a la altura de su dignidad presidencial.
El bando del presidente de facto ha insistido en afirmar que no se ha producido ningún golpe de Estado y cita para ello una colección de razones, comparaciones y justificaciones que tratan de evadir lo obvio: que se violó la constitución de la república cuando lo condenaron (al exilio) sin el debido proceso, cuando se nombró a un sustituto en circunstancias y condiciones dudosas, y cuando han realizado varias actividades igualmente violatorias, relacionadas con lo siguiente: establecimiento de un toque de queda que impide la libre circulación de la ciudadanía por cinco días y con posibilidades de prórroga; cierre de radios y canales de televisión afines al gobierno constitucional; restricciones a los periodistas para hablar del presidente constitucional (y ninguna para los que están en contra); represión de las manifestaciones a favor del presidente constitucional (y protección de las manifestaciones a favor del gobierno de facto); detención de las personas cercanas o afines al presidente constitucional (se mantienen en los cuarteles o se expulsan del país); aparecimiento del Jefe del Estado Mayor Conjunto al lado del Presidente defacto en concentraciones públicas, cuando existe un mandato constitucional que establece que las Fuerzas Armadas son obedientes, apolíticas y no deliberantes.
2. El sistema de justicia al servicio del golpe
El sistema de justicia, fuertemente partidizado, se convirtió en un facilitador jurídico en todo el proceso del golpe. La situación se mantiene en la actualidad y se ha podido observar la actitud que asumen sus máximos exponentes al ser entrevistados por cadenas nacionales e internacionales, en particular el presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República, olvidando la presunción de inocencia y asumiendo la culpabilidad del presidente, sin haberlo sometido a un juicio transparente, apegado a ley y sin sesgo político partidario.
3. El Involucramiento político-militar en el golpe
La actividad más intensa la mantienen el presidente Constitucional en el ámbito internacional y, en el ámbito nacional, el presidente de facto, las Fuerzas Armadas, la Policía, el Fiscal General de la República y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Todos los otros actores políticos han pasado a asumir un papel de observadores atentos del proceso, siempre listos a brindar el apoyo. Es el caso del Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y el Comisionado General de los Derechos Humanos.
4. El Involucramiento económico- religioso y mediático en el apoyo
Los empresarios mantienen un apoyo activo, sabiendo que los días cercanos a la decisión de la OEA son fundamentales para ganar cierto espacio en el ámbito internacional; por ello movilizan a sus empleados para que participen en las manifestaciones públicas, organizan las mismas y financian parcialmente los costos. Las iglesias aseguran el resguardo militar y policial, elaboran algunas consignas y movilizan a sus feligreses. Los medios continúan con una defensa cerrada del golpe de Estado, con excepción de Diario Tiempo y Radio Progreso en el norte del país; los medios menores se han abierto un poco pero siguen posicionados al lado del presidente de facto, lo que hace que se mantenga el nivel de desinformación sobre lo que ocurre con las manifestaciones en favor del presidente constitucional. El internet facilita la comunicación nacional e internacional que ha permitido conocer lo que ocurre en el interior del país, y los pronunciamientos y adhesiones de personas, grupos e instituciones que rápidamente se difunden a todos sus contactos.
5. Organización del gobierno defacto y distribución de cuotas de poder
De manera lenta pero precisa se va organizando el gobierno de facto y se van distribuyendo cuotas a los participantes en el proceso golpista, incluidos los militares retirados, lo cual debe llamar la atención hacia una posible remilitarización del Estado, esta vez con militares retirados ocupando puestos clave vinculados a la seguridad nacional, mismos que hasta ahora estado en manos civiles. Un mensaje peligroso ha sido enviado con el nombramiento de un ex oficial de inteligencia en la Dirección de Migración, existiendo la expectativa de que también sean colocados en otros cargos clave como Marina Mercante y Empresa Nacional Portuaria.
6. Manipulación de la opinión pública
Las manifestaciones a favor del presidente de facto se encuentran impregnadas de ataques frontales con mensajes subliminales: los ataques vienen de los políticos, empresarios y medios de comunicación (intromisión de Chávez, irrespeto a la legalidad, calificativos de provocador y farsante) y los mensajes (Dios, paz, democracia, diálogo, estabilidad orden, patria y no violencia) además de camisas blancas, banderas de Honduras, entonación del himno nacional, revelan una marcada influencia religiosa (de hecho, las cúpulas de las iglesias católica y evangélica se inclinaron por el golpe de Estado y se han constituido en un factor clave, junto a los empresarios, en la movilización de manifestantes). Un hecho interesante de destacar es que gradualmente van cambiando el sujeto/objeto de la movilización. De apoyar a Micheletti han pasado a “apoyar a la democracia” en un intento de despersonalizar la adhesión a la causa golpista, tratando de mantener un esfuerzo integrador que incluya a todas las preferencias religiosas y respete las preferencias partidarias de los manifestantes, lo que combina muy bien con el papel de los medios de comunicación y lo que afirma el presidente de facto cuando finaliza sus intervenciones públicas diciendo: “¡Dios está con nosotros!”.
C. EL CONTEXTO INTERNACIONAL
1. El rechazo al golpe
El rechazo a la alteración del orden constitucional en Honduras por parte de países y organismos regionales e internacionales, ha sido fundamental en este momento. Es claro para todos que el elemento aglutinador de la diversidad ha sido el repudio a una práctica del pasado que reaparece como amenaza a los procesos democráticos que se construyen en nuestro continente, con dificultad pero con firmeza. Personas y organizaciones académicas, gremiales y de derechos humanos han sumado su voz de protesta y han condenado el golpe de Estado del pasado 28 de junio.
La ocasión constituye una gran prueba para conocer y valorar el nivel de compromiso internacional con la estabilidad de gobiernos legítimamente constituidos. El mensaje ha sido (y debe ser) claro, no sólo para los militares que se han mantenido siempre como espectadores desconfiados de procesos democráticos que no terminan de comprender, sino también para los políticos que se enfrascan en rivalidades intra e interpartidarias que socavan su legitimidad y la de las instituciones en las que se insertan.
2. La ideologización del golpe en el contexto internacional
a. El papel de los Estados Unidos
Desconfianza, recelo y muchas dudas relacionadas con el pasado autoritario, hacen que se genere una suspicacia, a veces extrema, en relación al papel de los Estados Unidos en el reciente golpe de Estado. La tradicional subordinación de las Fuerzas Armadas a los intereses estadounidenses y al papel que juegan o han jugado los embajadores norteamericanos para dirimir conflictos políticos o sociales en el ámbito interno, son de sobra conocidos en nuestro país y en nuestra América. De ahí la importancia del papel que asuma los Estados Unidos ante el golpe de Estado producido, sabiendo que se encuentra en una situación un tanto incómoda: evidenciar que lo sabían y que no pudieron hacer nada para impedirlo (porque no fueron capaces de controlar a sus socios en una aventura golpista), argumento con muy poca credibilidad, o que sabían de la decisión y no quisieron hacer nada, (porque hicieron una lectura inadecuada de los hechos y circunstancias, o porque quisieron probar el rumbo que seguirían los acontecimientos), argumento con más credibilidad que el anterior, si lo relacionamos con algunos hechos que pudieron influir en esta decisión, como la antipatía mutua entre el presidente y los diputados del Congreso Nacional, el rechazo de los empresarios al presidente por sus “excesos sociales”, incomodidad con el estilo presidencial de decir y hacer las cosas (confrontativo, burlón, imprudente, franco, directo) y desconfianza propia hacia el acercamiento público entre Zelaya y Chávez. Lo curioso del caso es que al presidente constitucional solamente le faltan siete meses para terminar su período gubernamental, ninguno de los candidatos presidenciales con posibilidades de triunfo tiene inclinaciones izquierdistas, ni mucho menos, y que no existía ninguna amenaza real de que el presidente convocara a una asamblea nacional constituyente (hasta los hechos invalidan esta amenaza, pero es tan irrisorio que es casi imposible de creer: apoyar (si o no) la colocación de una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre, para votar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que revisara y creara una nueva Constitución de la República. Crearla sería una potestad del Congreso Nacional y nunca del Presidente de la República porque no tiene esas atribuciones).
b. El papel de Chávez
La manipulación creada en el interior del país en relación a viejos fantasmas ideológicos (Democracia/Comunismo), influyendo en la opinión pública a través de las iglesias y los medios de comunicación, están contribuyendo a polarizar aún más a la sociedad hondureña. En la confrontación van apareciendo consignas de los defensores y los detractores de Chávez, lo cual tiende a minimizar el aspecto clave del golpe de Estado que fue y sigue siendo la violación de la Constitución de la República, desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia ordena capturar al presidente constitucional sin haber iniciado y desarrollado un juicio, situación agudizada por las Fuerzas Armadas que ejecutan la orden y deciden, de acuerdo a un poder arbitral totalmente deformado, que lo más beneficioso para el Estado era su expulsión del país.
Asumir estos mismos criterios e insertar el golpe de Estado en el contexto de diferencias ideológicas que se observan en nuestro continente, es un error que tiende, como siempre, a minimizar las causas internas y a forzar salidas que involucren a otros países y otras ideologías. El golpe de Estado en Honduras debe motivar a los estudiosos del tema a realizar análisis profundos, responsables e integradores que incorporen los elementos que han aflorado y estallado en Honduras, y que pueden ocurrir en otros países del continente, considerando, por supuesto, las diferencias que se dan en sus respectivos procesos de desarrollo democrático. Así como en Honduras el dilema entre los que están a favor o en contra del presidente constitucional ha ido cediendo ante el posicionamiento entre los que están a favor y los que están en contra del golpe de Estado, de la misma manera los estudiosos y analistas internacionales deben extremar su cuidado para no insertar el tema del golpe de Estado en Honduras en un contexto ideológico polarizado entre los que están con Chávez y los que están con Estados Unidos, porque desviarían la atención entre un hecho real y un hecho posible, añorado por unos y manipulado por otros.
D. ELEMENTOS CLAVE EN LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO
Hay tres aspectos clave que tienen que enfrentarse para encontrar una solución al conflicto expresado a través del golpe de Estado: a) Restitución del presidente constitucional en su cargo, b) Deducción de responsabilidades a todos los que violaron la ley y c) Acuerdo para crear una nueva constitución. Ningún otro tema es central para solucionar la crisis porque las elecciones de noviembre nunca han estado en riesgo y el acercamiento del presidente constitucional con Chávez no constituye una amenaza para el país.
• Restitución del Presidente constitucional en su cargo
Este hecho será fundamental para la estabilidad política y social del país y para garantizar el desarrollo normal de las elecciones generales en noviembre próximo. Igualmente, para impedir que otro presidente se vea expuesto en el futuro a la interferencia de otros poderes del Estado que le imposibiliten terminar el período gubernamental para el cual fue electo. Lo anterior debe ser independiente de a) la cantidad de personas que lo aclame (no está obligado a demostrar popularidad porque ya la demostró en las elecciones de noviembre de 2005), b) la opinión de personas o grupos sobre la calidad de su gestión (no existe en el país el mandato revocatorio), c) la cantidad de acusaciones que le hagan (si están legalmente sustentadas debe enfrentarlas en juicio) d) la antipatía que le tengan los políticos, empresarios o líderes religiosos, e) la culpa que haya tenido en la polarización del conflicto (de la misma manera en que se rechaza el escote de un vestido como causa de una violación) y g) la antipatía que le tenga la Junta de Comandantes.
• Deducción de responsabilidades a todos los que violaron la ley
Esto incluye a) al presidente de la república, quien una vez restituido en su cargo deberá enfrentar las acusaciones que le han hecho y ante las cuales no le han dado oportunidad de defenderse. Dada la politización partidaria de la Corte Suprema de Justicia y el antecedente de que han vertido opiniones sobre el acusado al que deberán juzgar, hechos que no garantizan un juicio justo, deberá asegurarse la participación de jueces internacionales; b) iniciar juicios contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que firmó la orden de captura contra el Presidente de la República, sin el respeto al debido proceso c) contra el Fiscal General de la República, que solicitó la orden de captura y evidenció juicios en contra del acusado d) contra la Junta de Comandantes que acató una orden irregular y cometió el delito de expulsar del territorio hondureño por la fuerza a un ciudadano de este país quien además era su Comandante en jefe y e) contra el entonces presidente del Congreso Nacional y actual presidente de facto, por falsificación de documentos públicos para alterar el orden constitucional, como la supuesta carta de renuncia del presidente constitucional de la República. Un juicio público deberá hacerse a) contra los operadores de justicia (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Policía) por atentar contra el Estado de Derecho y contribuir al rompimiento del orden constitucional, b) contra el Congreso Nacional por su contribución activa en el rompimiento de ese orden, c) contra los partidos políticos, como instituciones que guardaron silencio cómplice ante lo que hacían sus militantes en todos los poderes del Estado, situación que apenas se está rompiendo por dos partidos pequeños, PINU y UD, y d) contra los oficiales y soldados que reprimieron con exceso de fuerza a los manifestantes que apoyaban al presidente constitucional.
• Acuerdo para crear una nueva Constitución
Dado que el detonante del golpe de Estado se relaciona con la consulta ciudadana encaminada a crear una nueva constitución, situación que subyace en la necesidad de que la ciudadanía participe en la toma de decisiones sobre los grandes temas nacionales, se vuelve necesario diseñar un mecanismo legal para que, a futuro, no vuelvan a perseguir a un presidente o un ciudadano que plantee la necesidad de cambiarla. Esto es importante por el vacío jurídico que tiene la constitución de 1982, que no previó mecanismos legales para la creación de una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión exclusiva sea crear una nueva constitución sin que el proceso vaya precedido por un golpe de Estado.
E. TAREAS PENDIENTES
1. EN EL CORTO PLAZO
a. Aceptar la renuncia a la Junta de Comandantes pues es comprensible que, a partir de lo sucedido, se imposibilita cualquier relación jerárquica del presidente constitucional y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, con la cúpula militar.
b. Desmilitarizar el país y las instituciones. Los militares deben literalmente volver a sus cuarteles, para reafirmar un clima de tranquilidad que necesita urgentemente el país.
c. Evaluar el papel de la Policía durante el Golpe de Estado: si fue para garantizar la seguridad pública o para garantizar el mantenimiento de un gobierno de facto.
d. Establecer un pacto por la despolitización partidaria del sistema de Justicia: elemento clave para garantizar la seguridad jurídica y recuperar confianza ante hondureños y extranjeros.
e. Aprobar mecanismos democráticos de participación ciudadana: el plebiscito y el referéndum a nivel nacional deben ser una puerta que asegure la participación y no un freno que limite su derecho a opinar.
f. Establecer mecanismos para garantizar la independencia de poderes. Para permitir que cada poder se dedique a sus funciones sin injerencia de otros poderes en ningún aspecto de su desempeño.
g. Pacto político-social para la realización de elecciones generales sin confrontación, con propuestas y con visión de país. El sistema político-electoral debe recuperar legitimidad ante la ciudadanía y anticiparse al peligro de un desencanto político que se exprese en un fuerte abstencionismo en las elecciones de noviembre.
h. Institucionalizar mecanismos permanentes de participación ciudadana en la evaluación del rumbo que sigue el país en cada gobierno. Para evitar que los conflictos políticos y sociales lleguen al límite y dar la oportunidad a los dirigentes locales y nacionales que enmienden errores y atiendan las verdaderas necesidades de una agenda social.
2. MEDIANO PLAZO
a. Definir (recordar, precisar) el papel de las Fuerzas Armadas en la Democracia. Para que civiles y militares conozcan el sentido real de la democracia y asuman su papel en aspectos clave del proceso de desarrollo democrático.
b. Recuperar la condición laica del Estado hondureño. El ámbito de las diversas denominaciones religiosas no está en el ámbito público y no deben utilizarse como maquinarias de apoyo político de ningún tipo. Pueden jugar un papel fundamental para el desarrollo democrático en el ámbito privado, creando valores esenciales de la democracia como pluralismo, tolerancia y respeto a la diversidad, que tanto necesita nuestra sociedad.
c. Realizar un diálogo ciudadano sobre el papel de los medios de comunicación en la democracia. Para recuperar la imagen de medios comprometidos con los intereses generales de la sociedad, con profesionalismo, objetividad y respeto a la ciudadanía y a las autoridades.
d. Intensificar la capacitación en cultura política democrática. Para conocer más y mejor la Constitución de la República, nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Las universidades pueden jugar un papel fundamental en este tipo de tareas.
e. Desarrollar programas de prevención y solución pacífica de conflictos. Para contar con equipos profesionales en los partidos, organizaciones sociales e instituciones del Estado y poder prever los conflictos políticos y sociales, y encontrarle soluciones pacíficas cuando estos hayan estallado.
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